Ley General de Trabajo se encuentra encarpetada desde el gobierno de Toledo

- Actual Gobierno insiste en maquillar realidad laboral ante funcionarios norteamericanos.

La Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú) calificó como estratégico

que el Gobierno peruano –mediante el Ministerio de Trabajo– diera a conocer directivas internas sobre las actividades permitidas para las empresas de tercerización, justo en momentos en que una misión de funcionarios norteamericanos visitan nuestro país para participar en la instalación del Consejo de Asuntos laborales de seguimiento del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El Presidente de la CUT Perú, Julio César Bazán Figueroa, dijo que esta ‘coincidencia’ es una evidente actitud del gobierno para desviar la atención de los representantes estadounidenses de la gran cantidad de información existente sobre permanentes violaciones de los derechos laborales fundamentales, como la libertad sindical y la negociación colectiva, cometidos por las empresas multinacionales y el propio gobierno.

A esto se suma la promulgación de la Ley Procesal de Trabajo. "Se pretende regular los mecanismos de cómo atender los casos de violaciones de derechos laborales, a pesar de no haber reglamento que permita su vigencia y se deja en el olvido la regulación de las obligaciones empresariales plasmadas en la Ley General de Trabajo", agregó.

Ante esta manipulación de las obligaciones del Estado, contenidas en la Declaración de la OIT de 1998 sobre principios y derechos laborales fundamentales, y el capítulo laboral del TLC con EE.UU., la CUT plantea al Gobierno, específicamente al Ministerio de Trabajo, ir hasta las últimas consecuencias en los casos de abuso contra los trabajadores de las empresas e impulse la aprobación de la Ley General de Trabajo para frenar los excesos de contratación temporal de las empresas, las limitaciones a la negociación colectiva y la persecución permanente de la libertad sindical.

Bazán Figueroa indicó que los trabajadores esperan que el Gobierno asuma una actitud real de defensa de los derechos laborales y apruebe la enorme cantidad de solicitudes de registro de los sindicatos y de negociaciones colectivas pendientes.